Inés Giménez Delgado
580 California St., Suite 400
San Francisco, CA, 94104
Desplazamiento forzado como arma de guerra y despojo en la Sierra de Guerrero, México
2022, Paz y Conflictos
https://doi.org/10.30827/REVPAZ.V14I1.15646visibility
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Abstract
En este artículo se reconstruyen las dinámicas de desplazamiento forzado y despojo en la Sierra Madre del estado de Guerrero, México, haciendo énfasis en aquellas esferas de la vida personal, familiar y comunitaria rotas a raíz de la violencia extrema y el terror. Se muestra el desplazamiento forzado como una de las dimensiones de la guerra, en la que, tras la propaganda mediática, el rumor y la operación de grupos armados irregulares se esconde el despojo y la disputa por el control geo-económico de los territorios, sus tránsitos y sus recursos naturales. Para ello se examina el caso de las comunidades desplazadas de Leonardo Bravo, y se toma la noción de acontecimiento, como el evento que permite indagar en las tensiones estructurales subyacentes y los actores sociales, políticos y económicos tras él. El caso se documenta a partir de trabajo etnográfico, hemerográfico y de archivo, desde nociones de antropología de la violencia y el periodismo de paz.
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http://dx.doi.org/10.30827/revpaz.v14i1.15646
ISSN 1988-7221 | Vol.14 | Nº 1 | 2021 | pp. 107-131
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Desplazamiento forzado como arma de guerra y despojo en la Sierra
de Guerrero, México
Forced displacement as a weapon of war and dispossession
in Sierra de Guerrero, Mexico
INÉS M. GIMÉNEZ DELGADO
Universidad Nacional Autónoma de México
inesgdel@gmail.com
Resumen
En este artículo se reconstruyen las dinámicas de desplazamiento forzado y despojo en la Sierra
Madre del estado de Guerrero, México, haciendo énfasis en aquellas esferas de la vida personal,
familiar y comunitaria truncadas a raíz de la violencia extrema y el terror. Se muestra el
desplazamiento forzado como una de las dimensiones de la guerra, en la que, tras la propaganda
mediática, el rumor y la operación de grupos armados irregulares se esconde el despojo y la disputa
por el control geoeconómico de los territorios, sus tránsitos y sus recursos naturales. Para ello se
examina el caso de las comunidades desplazadas de Leonardo Bravo, y se toma la noción de
acontecimiento, como el evento que permite indagar en las tensiones estructurales subyacentes y los
actores sociales, políticos y económicos tras él. El caso se documenta a partir de trabajo etnográfico,
hemerográfico y de archivo, y desde nociones de antropología de la violencia y de la paz.
Palabras Clave: Desplazamiento forzado, despojo, drogas, minería, violencia, nuevas formas de la guerra, Guerrero
Abstract
This article reconstructs the dynamics of forced displacement and dispossession in the Sierra Madre
of the state of Guerrero, Mexico, and emphasizes those spheres of personal, family and community
life broken by extreme violence and terror. Forced displacement is one of the dimensions of the new
wars: behind the media propaganda, rumours, and the activity of irregular armed groups, it fuels
dispossession and the dispute for the geo-economic control of territories, routes, and natural
resources (minerals, forest, and narcotic drugs). The case of the displaced communities of Leonardo
Bravo is examined, through the notion of critical event, as it allows to investigate the underlying
structural tensions and social, political and economic actors of the conflict. To document the case
ethnographic methods, newspaper and archive work are used and regarding from anthropology of
violence and peace.
Keywords: Forced displacement, dispossession, drugs, mining, violence, collective imagery, Guerrero
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Revista de Paz y Conflictos ▸ ARTÍCULOS ORIGINALES
Giménez Delgado, I.M. ▸ Desplazamiento forzado como arma de guerra…
1. Introducción
En México, entre los impactos derivados de la
militarización vinculada a la llamada guerra al
narcotráfico y del ciclo de contrarreformas
energéticas, agrarias y ambientales que
impulsaron la extracción recursos naturales
está el desplazamiento forzado interno de
poblaciones indígenas y campesinas, un
concepto cuyo origen en la literatura jurídica y
de derechos humanos remite a “aquellas
personas o grupos de personas que se han visto
forzadas u obligadas a escapar o huir de su
hogar o de su lugar de residencia habitual, para
evitar los efectos de un conflicto armado, de
situaciones de violencia generalizada, de
violaciones de los derechos humanos (…) y
que no han cruzado una frontera estatal
internacionalmente reconocida” (Consejo
Económico y Social, 1998: 5).1
Hasta el año 2006, en México la mayoría
de los desplazamientos forzados internos
estuvieron vinculados a conflictos agrarios,
religiosos o de “desarrollo” de megaproyectos
e infraestructuras, principalmente
hidroeléctricas. De 2006 en adelante, a esto se
le sumó la violencia extrema desatada por la
militarización del territorio asociada a la
llamada “guerra al narco” y la consiguiente
fractura de grupos criminales, el incremento de
la intensidad del armamento bélico y el
aumento de las disputas territoriales entre
organizaciones del crimen organizado.
Muchas de las investigaciones en esta
etapa se realizaron desde agencias de derechos
humanos, ya sean de la sociedad civil, del
gobierno o de instituciones internacionales
(Noref, 2012; CNDH, 2018; CMDPDH, 2017
y 2019; Segob-Conapo, 2019). Estos estudios
destacan que, entre 2006 y 2017, alrededor de
330,000 personas fueron obligadas a
desplazarse al interior del país (CMDPDH,
2019: 25). Según estimaciones oficiales, en el
año 2017 podrían ser entre 315,000 y 1,1
millones las personas desplazadas en México
(Segob y Conapo, 2018: 64). Entre las regiones
con mayor incidencia de desplazamiento
forzado está la Sierra del estado Guerrero, al
suroeste del país.
La Sierra de Guerrero es una región
abundante en bosques y agua y con un
subsuelo rico en minerales, principalmente oro,
plata, plomo y hierro. Su historia está
vinculada con procesos de colonización y con
la expansión de la frontera agraria de
campesinos sin tierra, de cacicazgos vinculados
con la ganadería y la siembra de cultivos
considerados ilícitos, como la amapola y la
marihuana, y la tala forestal.
En ella, el Estado se ha caracterizado
históricamente por ejercer una presencia
irregular, a través de patronazgos clientelares
semi-clandestinos y de batallones militares.
Esto ha resultado en inequidades extremas y en
revueltas civiles y armadas que disputan los
modos de ejercicio del poder y en una violenta
1 El desplazamiento forzado interno comenzó a discutirse en la esfera de derechos humanos
internacional en la década de 1980. Queda instituido por primera vez en la Declaración de San José
sobre Refugiados y las Personas Desplazadas de la Organización de Estados Americanos (1994) y
posteriormente en los Principios Rectores de los Desplazamientos Interno (1998).
http://dx.doi.org/10.30827/revpaz.v14i1.15646
ISSN 1988-7221 | Vol.14 | Nº 1 | 2021 | pp. 107-131
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represión de Estado durante la llamada “guerra
sucia”2. De ella, además de cientos de
desaparecidos de manera forzada, se derivó la
expansión de infraestructuras y el afincamiento
de batallones militares, que impulsaron el
tráfico de droga y otras mercancías ilegales
(Flores Pérez, 2009: 171). La expansión de
cultivos de amapola para goma de opio
también se convirtió en medio de sustento y de
vida de muchas familias campesinas que se
vincularon con la economía global, por medio
de “acaparadores” e “intermediarios” y a través
de la ilegalidad3.
A partir del año 2010, cuando el cartel de
Sinaloa perdió poder en la entidad y cuando la
Marina descabezó la organización criminal de
los Beltrán Leyva, se multiplicaron el número
y la intensidad de las confrontaciones de los
grupos armados por el control de los territorios
(Pantoja, 2016; Ocampo, 2020). Esto coincidió
con la incursión de empresas mineras
transnacionales (principalmente canadienses,
en alianza con prestanombres mexicanas) en el
llamado Cinturón de Oro. Como puede verse
en el mapa número 1, este es un territorio
histórico de plantación de amapola, de tala
forestal y está rodeado de explotaciones
mineras a cielo abierto.
La “guerra sucia” o terror de estado contrainsurgente fue un periodo en el que el Estado mexicano
desplegó, a través de varias instituciones militares y de seguridad adscritas a doctrinas de seguridad
nacional anti-comunista, una serie de operativos militares contra-insurgentes en la Sierra y la Costa
Grande de Guerrero (Operación Telaraña, entre otros) para desmantelar las protestas sociales que,
por la vía social y armada habían surgido en el estado de Guerrero, al calor de las desigualdades.
3 Entendemos que estas familias funcionan en un régimen económico híbrido, entre la economía
capitalista y la economía campesina, esa unidad elemental de producción y consumo - donde la
actividad económica y la cantidad de fuerza de trabajo no están determinadas por la cantidad de
capital del propietario o la jornada laboral proletarizada sino como por el tamaño de la familia y el
equilibrio logrado entre la satisfacción de sus necesidades y la fatiga del trabajo (CHAYANOV, 1974:
230). Según los informes de la Secretaría de Defensa, a principios del siglo XXI, Guerrero era el
estado de México con más cultivos de amapola (alrededor de un 60 % de las erradicaciones), lo que
ha sido un paradigma justificatorio de la ocupación militar del territorio, al tratarse de una planta
fiscalizada en el régimen internacional de drogas a través de la Convención Única sobre
Estupefacientes de 1961, cuyo cultivo es considerado un delito por la Ley General de Salud, el
Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales y cuya erradicación es una de
las misiones encomendadas a la Secretaría de Defensa Nacional.
2
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Revista de Paz y Conflictos ▸ ARTÍCULOS ORIGINALES
Giménez Delgado, I.M. ▸ Desplazamiento forzado como arma de guerra…
MAPA 1. MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO, MÉXICO (FUENTE:
MAPA DE ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE
GOOGLE MAPS E INFORMACIÓN REFERIDA POR LOS ACTORES SOCIALES)
A finales del año 2017, el tráfico de un opioide
de origen sintético, el fentanilo, a través del
Puerto Lázaro Cárdenas – uno de los
principales puertos del Pacífico y cercano a la
región de la Sierra –, hacia Estados Unidos
hizo caer los precios de compra de la goma de
opio derivada de la amapola de 20 a 3 pesos el
gramo.4 Lejos de disminuir la violencia, esto la
aumentó. Las organizaciones del crimen
organizado diversificaron sus actividades y
empezaron a dedicarse, no solo al narcotráfico,
sino también a la prestación de servicios de
seguridad y transporte a empresas mineras, al
cobro de cuotas y rentas por trabajo y derechos
de piso, al tráfico de personas, etc.
En la históricamente violenta vida
serrana, se fueron conformando una serie de
soberanías criminales y zonas grises, marcadas
por la incertidumbre jurídica y por la
ambigüedad entre actores estatales y no
estatales, donde “el dominio público está
profundamente imbuido de impunidad estatal,
corrupción y tasas de criminalidad (no)
reportadas, creando un escenario de confusión
e incertidumbre” (Macleod, 2021:11).
Aumentaron los retenes militares, el corte de
carreteras y los rondines armados por parte de
poblaciones civiles. Todo ello generó uno de
los índices de violencia más altos del país y lo
que algunos han denominado “guerra
irregular”: una guerra en la que el Estado cede
parte del ejercicio de la violencia legítima, la
fiscalidad y el control del territorio a actores
del crimen organizado (Illades y Santiago,
2019).5
Como consecuencia de esto, el
desplazamiento forzado en la Sierra, que había
sido una constante desde los orígenes de la
El proceso productivo del fentanilo era mucho más barato que la producción de heroína de origen
vegetal, su potencia es entre 30 y 50 veces más alta que la heroína y, por tanto, su volumen mucho
menor, de modo que las organizaciones del crimen organizado que traficaban fentanilo hacia y
dentro de Estados Unidos comenzaron a privilegiar esta sustancia en sus rutas de exportación.
5 En el año 2017, la tasa de homicidios en el estado de Guerrero estaba en 62 por cada 100,000
habitantes, muy por encima de los índices nacionales, ya de por sí altos, que estaban en 17 por cada
100,000 habitantes (SNSP, 2017, en Pineda Gómez et al, 2017:41).
4
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colonización de este territorio a principios del
S.XX, se disparó a partir del año 2018. Así, el
desplazamiento forzado, ya no sólo se dio
“gota a gota” sino también a través de salidas
masivas de población después de momentos de
violencia extrema, como la entrada de grupos
armados en las comunidades, el allanamiento
de casas, la quema de cosechas, la violación
sexual y reclutamiento forzado de jóvenes para
integrar los grupos armados. Esto marcó un
parteaguas en el orden de visibilidad social y
mediática del fenómeno por varias razones: la
magnitud de estos desplazamientos, su cercanía
a la capital del estado, Chilpancingo, y el
acompañamiento brindado por organizaciones
de derechos humanos y periodistas. Estas
organizaciones ayudaron a las poblaciones
desplazadas a reclamar derechos y a denunciar
a través de los medios de comunicación y
fueron registrando, de manera más sistemática,
las dinámicas de desplazamiento forzado
serranas, como puede verse en la tabla número
1.
TABLA 1. EVENTOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LEONARDO BRAVO (FUENTE:
INFORMACIÓN LEVANTADA POR LA COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS (CMDPDH) A PARTIR DE MONITOREO DE MEDIOS. OTROS MEDIOS
REFIRIERON TAMBIÉN PERSONAS DESPLAZADAS DE LAS COMUNIDADES RANCHITO, TORRE
CAMOTLA, CAMPO DE AVIACIÓN, LOS MORROS, COATEPEC DE LA ESCALERAS, TRES CRUCES Y
POLIXTEPEC)
Salvo algunas investigaciones académicas
puntuales sobre casos de desplazamiento
forzado, como el de los desplazados de Puerto
las Ollas en la Tondonicua (Hernández Soc,
2019) y estudios recientes que se han
publicado (MaCleod, 2021) o que están por
publicarse (Argüeyo, 2021, Mestries, 2021,
Vi l l a r r e a l , 2 0 2 1 ) , l a m a y o r í a d e l a
documentación sobre el tema fue realizada por
periodistas. Estos periodistas tienen conexión
directa con las organizaciones que acompañan
a las personas desplazadas y una mayor
cercanía al trabajo de campo de otros sectores,
pero sus estrechos tiempos de entrega,
precariedad laboral y amenazas a la vida y la
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Revista de Paz y Conflictos ▸ ARTÍCULOS ORIGINALES
Giménez Delgado, I.M. ▸ Desplazamiento forzado como arma de guerra…
seguridad, a menudo les impiden dar
seguimiento a las investigaciones6.
2. Objetivos y resultados
En el presente artículo realizamos estudio
etnográfico de varias comunidades campesinas
desplazadas del municipio de Leonardo Bravo,
en la vertiente este de la Sierra, para
preguntarnos cómo el desplazamiento forzado
se ha vuelto un arma de guerra por parte de
organizaciones del crimen organizado que
disputan el control de territorios y nodos de
tránsito, en los cuales están enmarañados
grupos armados estatales, comunitarios y
empresariales.
En este sentido, entendemos el crimen
organizado no como algo ajeno al estado sino
como “un entramado de redes clientelares de
cooperación entre criminales profesionales y
funcionarios públicos, que persiguen el
propósito de obtener ganancias económicas
mediante la comisión de diversas actividades
ilícitas, apoyadas en última instancia por el uso
de la violencia” (Mcillwain, en Flores Pérez,
2013: 108). Sostenemos la hipótesis de que en
el estado de Guerrero se vive una situación de
guerra social e irregular, caracterizada por la
violencia criminal y de estado, pero también
por la expansión de las confrontaciones entre
de agentes sociales, estatales y empresariales,
lo que complica y dificulta su resolución.
En segundo lugar, nos preguntamos por
los impactos de esta guerra en la población y
sostenemos la hipótesis de que este tipo de
guerra supone nuevas formas de desposesión y
despojo de poblaciones indígenas y campesinas
en el marco de una economía regional y global,
cuyos mercados formales se valorizan a partir
de las actividades económicas realizadas en
zonas grises y de ilegalidad, con consiguiente
exclusión y precarización de las personas
despojadas. Entendemos “despojo” con las
connotaciones dadas por Armando Bartra, que
relaciona el concepto con la extracción de
materias primas en un contexto de
reprimarización de la economía y expansión de
las fronteras extractivas y que opera en dos
momentos: un primer momento a través del
despojo de las personas en tanto que
poseedoras (de tierra y territorio, de su tiempo,
de agua, bosques, trabajo…) y un segundo
momento a través de personas que, como
trabajadoras, son directa o indirectamente
obligadas a valorizarse laboralmente en
beneficio de su expropiador (Bartra, 2016:
182-184).
En tercer lugar, y de nuevo a través del
estudio de caso de Leonardo Bravo, nos
preguntamos por las estrategias desplegadas
por las comunidades desplazadas para
sobrevivir, buscar justicia y nuevos horizontes
de futuro. Para ello, partimos de la hipótesis de
que estas comunidades desplazadas interpelan
de manera estratégica al Estado para ganarse su
favor y protección, entrando en diálogo con su
naturaleza polimórfica y dual.
Con estas preguntas, hipótesis y
metodología, los objetivos el presente artículo
son explorar el papel de cada uno de los
actores (crimen organizado, policía
comunitaria, instituciones estatales y empresas
mineras) en este acontecimiento de
desplazamiento forzado; problematizar el
vínculo entre guerra irregular, desplazamiento
forzado y despojo y explorar los medios de
resistencia y horizontes de apelación y futuro
de las poblaciones desplazadas en estos
territorios.
Después de Veracruz, el estado Guerrero es el estado con más periodistas asesinados (14) en la
década 2008-2020 (Artículo 19, s.f.).
6
http://dx.doi.org/10.30827/revpaz.v14i1.15646
ISSN 1988-7221 | Vol.14 | Nº 1 | 2021 | pp. 107-131
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3. Métodología
Este artículo está construido a partir de trabajo
etnográfico multi-situado (Marcus, 1995)
realizado en la Sierra, la Costa Grande, el
centro y la Montaña Guerrero entre los años
2017 y 2019, es decir un trabajo etnográfico
que consideraba la inter-conexión entre escalas
y la importancia de conectar las realidades
locales con las macrosociales y con dinámicas
geoeconómicas mayores, como es el
extractivismo o los sistemas internacionales de
política de drogas prohibicionistas.
De este trabajo etnográfico multisituado,
extraemos un estudio de caso, el de las
poblaciones campesinas desplazadas de manera
forzada del municipio de Leonardo Bravo,
situado en la parte oriental de la Sierra del
estado de Guerrero y cuya capital está a unos
45 minutos en autobús de la capital del estado,
Chilpancingo. Asimismo, realizamos trabajo en
poblaciones de destino y tránsito,
principalmente en el centro y Costa Grande del
estado.
Como parte de esta etnografía se realizó
un levantamiento de testimonios por medio de
entrevistas individuales y colectivas a personas
desplazadas, defensores de derechos humanos,
periodistas, líderes y lideresas sociales,
campesinos cultivadores de amapola,
burócratas, actores empresariales y actores
armados.
La etnografía también incluyó la
cobertura de algunos eventos, manifestaciones,
plantones, marchas y toma de carreteras, que
realicé en un doble papel como periodista y
antropóloga, publicando algunos reportajes
periodísticos, como una forma de dar a conocer
los problemas a los que se enfrentan las
poblaciones desplazadas de la Sierra. Esto en el
entendido de que el trabajo antropológico y el
periodístico pueden ser complementarios. El
uno busca dejar registro de los hechos
sucedidos captando el momento y reflejando
una instantánea del acontecimiento. El otro
busca explorar la vida cotidiana de las
localidades en las que proliferan las violencias,
así como las que huellas que dejan en los
cuerpos, las casas, los paisajes urbanos y
rurales y la memoria social. Ambos tienen en
común el uso del cuerpo como testigo sensorial
de los acontecimientos y el eventual uso de
dispositivos (libreta, grabadora, cámara de
fotos, celular…) para su registro, así como un
fin: comprender, interpretar y trasladar una
realidad a otro ajeno a ella.
En este artículo, consideré importante
dejar algunos extractos íntegros de los
testimonios para trabar un discurso dialógico
(Robinow, 1986). Por motivos de seguridad, al
plasmarlos en el texto protejo las fuentes y
respeto el anonimato.
Complementé este trabajo etnográfico,
hemerográfica y testimonial, con revisión
bibliográfica y con la documentación de otras
realidades del estado, generando una
progresiva inmersión en un mundo de
significados ajeno, de la manera descrita por
antropólogos clásicos, es decir, dando espacio a
las dimensiones sensoriales del trabajo de
campo y a los intentos de comprender cómo las
distintas poblaciones configurado su visión del
mundo (Geertz, 1989: 24).
Asimismo, realicé una consulta de la
huella hemerográfica, en archivo y en línea, de
alrededor de 30 notas publicadas en diarios
locales y nacionales entre el año 2018 y el año
2019 sobre el tema, en particular, de El Sur de
Acapulco, la Jornada Guerrero, el Sol de
Chilpancingo y otros medios nacionales como
Televisa, Reforma, El Universal o la revista
Proceso. Para el análisis tanto de las citas
testimoniales como de la narrativa mediática,
utilicé criterios de análisis crítico de discurso
establecidos por Teun Van Dijk quien propone
prestar atención a las estructuras discursivas y
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Revista de Paz y Conflictos ▸ ARTÍCULOS ORIGINALES
Giménez Delgado, I.M. ▸ Desplazamiento forzado como arma de guerra…
semánticas, las estructuras formales sutiles, los
contextos locales y globales en que se
producen, la coherencia local y global del
discurso; los modos de conocimiento que se
desprenden de la narración de los
acontecimientos y cómo estos modos de
conocimiento se reflejan en actitudes,
ideologías y formas sociales (Van Dijk, 2003).
4. Discusión
Entre estos eventos de desplazamiento forzado
queremos destacar uno de ellos, el
desplazamiento de más de 2000 personas el 11
de noviembre de 2018, pues este
desplazamiento es expresivo de la
conformación de órdenes de soberanía
territoriales clientelares, en los que la
población se adscribe a uno u otro grupo del
crimen organizado como único medio de
subsistencia en el territorio si quiere sobrevivir
a las amenazas. También es expresivo de cómo
los grupos del crimen organizado se enmarañan
con instituciones estatales y grupos de civiles
armados en estrategias de autodefensa.
Este acontecimiento nos permite ver
algunas de las estructuras subyacentes que
prevalecen en confrontación pugnando por los
recursos y control del territorio, penetrar en
aquello que no estudiamos directamente y cuya
estructura profunda se revela solo a través de
eventos no estructurales o temporales (Turner,
1996, en Robledo, 2012: 45) pues con él
emergieron Con él, también emergieron las
diferencias, fronteras comunitarias y tensiones
sociales.
4.1 Grupos armados en disputa
Uno de los grupos que pugnaba por el territorio
era la Fupceg, con sede en Tlacotepec,
cabecera municipal de Heliodoro Castillo,
liderada por Humberto Moreno, que actuaba en
alianza con la Policía Comunitaria de
Heliodoro Castillo y con civiles armados
provenientes de otras localidades como
Teloloapan, Apaxtla y Cocula, donde se habían
conformado grupos de autodefensa que
luchaba contra el crimen organizado, pero que
tenían una deriva militarista y muy alejada de
la comunidad. Por su parte, el Cartel del Sur o
Nuevo Cartel de la Sierra, tenía sede en
Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo
Bravo, contaba con la protección municipal y
había nacido, de las múltiples fracturas que se
derivaron de la ruptura de los Beltrán Leyva
(Ocampo, 2020).
Este enfrentamiento, que ya había dado
lugar a disputas previas, estalló en la incursión
de 3,000 civiles armados del Frente Unido de
Policías Comunitarias del Estado de Guerrero
(Fupceg) en las comunidades de Leonardo
Bravo que se encontraban bajo la esfera de
influencia del llamado Cartel del Sur o Nuevo
Cartel de la Sierra (Filo de Caballos, Los
Morros, Campo de Aviación, La Escalera, El
Naranjo…). Un evento que enseguida fue
reflejado en los medios de comunicación:
Integrantes de la banda delictiva
dirigida por Onésimo “El Necho”
Marquina Chapa irrumpieron en el
poblado de Filo de Caballos para
desplazar al grupo armado denominado
Cártel del Sur, liderado por Isaac Celis
“El señor de la I”, en el contexto de la
disputa por el control de la zona
amapolera de la Sierra de la entidad.
Reportes oficiales indican que desde la
mañana unos 400 civiles armados
procedentes de Teloloapan y Apaxtla –
bastión del grupo delictivo Guerreros
U n i d o s – s e c o n c e n t r a ro n e n
Tlacotepec para reforzar lo que ellos
llaman la “guardia comunitaria
general Heliodoro Castillo” de este
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ISSN 1988-7221 | Vol.14 | Nº 1 | 2021 | pp. 107-131
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lugar emblemático en la geografía del
narco en Guerrero que dirige Humberto
Moreno, primo del actual secretario de
Desarrollo Social del gobierno estatal,
Mario Moreno Arcos (Flores Contreras,
2018).
Además del terror y el impacto que la entrada
de tal contingente armado tuvo en la población,
este evento de desplazamiento forzado sucedió,
justo un día después de que se llevara a cabo en
la comunidad de Lindavista, en el municipio
vecino de San Miguel Totolapan, una reunión
que aglutinó a diferentes comisariados, actores
sociales, civiles y armados de la Sierra y en la
que se había logrado una hoja de ruta sobre
estrategias de pacificación en la Sierra
(Entrevista realizada en Zihuatanejo, enero de
2020). Como consecuencia de esta incursión
armada, los pactos entre estos actores serranos
se rompieron y las poblaciones desplazadas
encontraron refugio provisional en
Chichihualco, donde la municipalidad del
habilitó una cancha deportiva en la que
acabaron viviendo varios meses.
Del análisis de medios y testimonios de
la población posteriores al desplazamiento, lo
comunitario, lo estatal y lo estatal, se
confunden con el crimen organizado,
mostrando una progresiva difusión de fronteras
entre los actores, un incremento de la
incertidumbre vital, la degradación de la guerra
y la normalización de grupos armados de la
sociedad civil con intereses privados. Una
guerra que ya no se daba solo entre agentes
armados, sino que era una guerra social
(Inclán, 2018) y una guerra irregular (Illades,
2019). En ella, la población civil estaba
aprisionada en redes de obediencia a jerarquías
armadas privadas a partir de un doble vínculo:
los que pasaban por modos de control a través
de relaciones familiares y laborales
clandestinas y los que pasaban por medios de
control a través de la coacción y el
sometimiento social arraigado en el miedo, las
extorsiones, el terror y la necesidad de
adscripción al grupo criminal más fuerte.
Además, este caso es expresivo de cómo
se conforman cartografías de terror, que no
solo quedan en los territorios junto con las
poblaciones que permanecen en ellos, sino que
viajan con las personas desplazadas. Así, el uso
de los medios para proyectarse en la opinión
pública fue parte de la estrategia bélica tanto de
los grupos que incursionaron en el territorio
como de las poblaciones desplazadas para y
ganar vocería en el territorio, la opinión
pública y los mercados.
En esta dinámica, no sólo la construcción
de verdades mediáticas, sino también los
rumores tuvieron una importancia capital,
confundiéndolos límites entre lo falso y lo
verdadero, algo habitual tanto entre las
poblaciones de origen de grupos armados,
como en las afectadas por la violencia y en las
receptoras de la población desplazada. Estos
chismes y rumores, que han sido
históricamente una sido una forma de
resistencia (Scott, 87:175), permitieron generar
cierta sensación de control sobre las
informaciones, pero también generaron una
expansión infecciosa del miedo. En términos
etnográficas nos hablan de cómo se delimitan
los vínculos, el sentido de pertenencia y los
límites de la comunidad: “Quién dice qué, de
quién y a quién, cómo se articulan las alianzas
y filiaciones de los vínculos de la vida diaria”
(White, 2000: 65).
En el caso de Chichihualco, los rumores
que circulaban en el grupo de personas
desplazadas de Leonardo Bravo vinculaban al
grupo de Tlacotepec con el gobernador del
estado, Héctor Astudillo Flores, al tiempo que
se protegían de los rumores que circulaban “del
otro lado”:
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Revista de Paz y Conflictos ▸ ARTÍCULOS ORIGINALES
Giménez Delgado, I.M. ▸ Desplazamiento forzado como arma de guerra…
Para el gobierno todo está tranquilo,
que en la Sierra no pasa nada, que los
desplazados que se salieron de los
pueblos se salieron por delincuentes.
Que ahora está al revés, que los
delincuentes somos nosotros. Nosotros
nos salimos por miedo, por nuestros
niños y por la vida. Por eso nos salimos
por miedosos se puede decir, no porque
nosotros… si nosotros fuéramos gente
delincuente, ¿a qué nos venimos? Nos
vendríamos a quedar con ellos
(Testimonio, diciembre 2019).
En medio de esta confusión, la desconfianza y
el miedo se volvieron una constante en los
relatos que es preciso filtrar para poder
desentrañar los patrones de los
acontecimientos. Entre los patrones que se
entrevén en medio de la incertidumbre, están la
degradación del término y del ethos
comunitario y su vinculación con grupos del
crimen organizado, quienes a su vez establecen
acuerdos formales o informales con diferentes
entidades del Estado y empresas extractivas.
4.2 Lo comunitario
Según se desprende de los análisis medios de
comunicación y de las discusiones con las
personas desplazadas, la forma que tuvo la
Fugceg de entrar en el territorio bajo influencia
del Cartel de la Sierra y el grueso calibre del
armamento utilizado (granadas, calibre 50s y
R15) no era habitual en un grupo de policía
comunitaria, por lo que en ella se traslucían
intereses y financiamiento externo.
Esta fuerza bélica se exhibió en medios
de comunicación, en una lógica de propaganda
bélica, sus líderes, aseveraron con ironía ante
una pregunta en medios de televisión nacional
que habían entrado en el territorio “Poquitos
[hombres armados]… como 3,000” (Maerker,
2018). El hecho de que un grupo de civiles no
se ocultara, sino que más bien hiciera
ostentación del grueso calibre de su armamento
era un ejercicio de propaganda de su fuerza
bélica, era indicativo de fuentes de financiación
de origen irregular de este grupo, y
probablemente de cómo, en la dinámica
belicista de la Sierra, los grupos de civiles
armados son utilizados como avanzadilla del
crimen organizado para despejar el frente.
La Fupceg, autodenominado como
policía comunitaria, carecía de una base
asamblearia sustentada en usos y costumbres,
de un reglamento interno adecuado a lo
comunitario o de mecanismos de reeducación
para las personas detenidas, como
originalmente caracterizaba a las policías
comunitarias que habían nacido en la década de
1990 en la región de la Costa Chica - Montaña
del mismo estado.7 Así, en este entorno bélico
la palabra “comunitario” perdía el valor que
había tenido en un origen y se convertía en un
artefacto lingüístico para ganar legitimidad y
enmascarar, bajo la pretensión de autodefensa
comunitaria, intereses de estado, de grupos
criminales o de grupos empresariales.
Esto profundiza en una tendencia existente en todo el Estado de Guerrero, no solo en la Sierra,
desde el año 2012, momento en que la constitución de organizaciones como la Unión de Pueblos y
Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero (UPOEG) comenzaron a estirar el concepto de
seguridad comunitaria, en un origen arraigado en los usos y costumbres y los mandatos
asamblearios de los pueblos. Las discusiones al respecto son numerosas, tanto entre académicos
(Sierra, 1997; Gutiérrez, 1998; Gasparello y Quintana, 2010; Fini, 2019; Calveiro, 2019) como en el
seno de las organizaciones y las comunidades.
7
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4.3. El Estado
Tras el desplazamiento forzado, en sus
testimonios, las personas desplazadas
denunciaban que la incursión de los grupos
armados no fue una operación al margen o en
los repliegues del Estado, sino que operaba con
la complicidad de fuerzas armadas oficiales,
tanto por su acción directa como por su
omisión de ayuda. Señalaban que las fuerzas
armadas del Estado (principalmente el Ejército
y la Policía Estatal) se encontraban en la
retaguardia del Frente; que llegaban
sistemáticamente tarde a repeler los ataques de
la Fupceg. Narraban que, cuando ya estaban
siendo allanadas sus casas y las mujeres
corrieron al Batallón del Ejército, los soldados
respondieron que no habían recibido ninguna
orden de intervenir. En entrevista, una de las
mujeres lideresas de una de las comunidades
expresaba con quebranto un “¡Hasta nos les
hincamos de rodillas!” y otra señalaba que,
cuando el Ejército intervino, sólo fue para
“ayudarles” a salir, es decir, para desplazarlos
en vez de para brindarles condiciones de
seguridad que les permitieran permanecer en su
territorio:
El Ejército decía a los pobladores no se
muevan, no se salgan, nosotros les
vamos a dar protección. Y la gente
creyó en el Ejército mexicano. A los tres
días tomaron Campo de Aviación (…)
La poca gente que no se pudo salir
quedó atrapada, se recorrió a los
Morros y empezó a hacer asambleas en
los pueblos: que no se movieran, que se
quedaran porque ellos iban a cubrir el
área… Tomaron Morros, tomaron Tres
Cruces, tomaron el Mirabal, donde
hubo la gente que no quería dejar sus
casas, dejó la vida (Testimonio, enero
2020).
El hecho de que el Ejército sacara a las
personas desplazadas de sus comunidades sin
combatir la incursión armada del otro grupo
fue interpretado por un segmento la población
desplazada como parte de una colusión entre
las fuerzas armadas regulares y la Fupceg. Bajo
clausulas humanitarias, el Ejército despejaba el
territorio para el nuevo grupo y no garantizaba
el derecho de la gente a permanecer en sus
comunidades. Un líder comunitario de Filo de
Caballo, doblemente desplazado, primero de su
comunidad, y después de Guerrero, por las
amenazas sufridas tras denunciar la situación,
señaló en entrevista:
Cuando fue el desplazamiento, entraron
el grupo armado, los comunitarios, el
Ejército y la [policía] estatal. Eran
cuatro camillas al mismo tiempo. Fue
un domingo a la 1.30 de la tarde, 11 de
noviembre de 2018… Entraron bien
armados: Granadas, calibre 50,
cuernos de chivo y R15. Puentecillo,
Ranchito, Filo de Caballos y de ahí se
apoderaron de estos pueblos, y
posteriormente llega la policía
comunitaria, la estatal, el Ejército y
hacen equipo. ¿Qué hicieron? Para
abordar en otro pueblo tuvieron que
meter primero al Ejército…
(Testimonio, marzo 2019).
Según los testimonios de las personas
desplazadas, la inacción del Ejército
transcendió más allá de aquel 11 de noviembre.
Los rondines de fuerzas armadas militares
continuaron sin ningún impacto positivo para
restablecer un orden que permitiera a las
personas de Leonardo Bravo regresar a su casa.
Así, en los testimonios de las personas
desplazadas es habitual denuncias de
simulación de seguridad y de operativos, como
118 |
Revista de Paz y Conflictos ▸ ARTÍCULOS ORIGINALES
Giménez Delgado, I.M. ▸ Desplazamiento forzado como arma de guerra…
la siguiente, hecha por una persona también
doblemente desplazada:
Y allá andaba, sube, que según sube la
Guardia Nacional, que los militares…
¿Y de qué sirve, que si andan aquí,
andan con ellos, andan chocando? La
Guardia Nacional, y los comunitarios,
están aquí; y no son comunitarios con
armas chicas, ya son descarados
sicarios, con armas grandes. ¿Y cómo
es posible que el gobierno no reporte
nada? [El gobierno dice] No, no pasa
nada, todo está bien. Así es como lo
piensa uno, que el gobierno está bien
involucrado con ellos. (Testimonio,
diciembre 2019). 8
Esta sospecha de colusión entre fuerzas
armadas regulares y actores criminales que
reflejan estas entrevistas es una constante en
los relatos de muchos otros casos de
desplazamiento forzado documentados en
trabajo etnográfico en el estado de Guerrero,
donde se señala que el Ejército, la Policía
Ministerial, las Fuerzas Especiales de la Policía
Estatal, la Policía Federal o la Marina se retiran
del retén o del punto de vigilancia unas horas
antes o la víspera de que la comunidad sea
avasallada por un grupo armado criminal.
Como señalaba un promotor social “El
gobierno tiene operadores que controlan la
situación con cada uno. El problema se da
cuando localmente se cruzan territorios y
empieza la confrontación” (Entrevista, febrero
2020).
Para organizaciones de la sociedad civil
involucradas en la defensa de los derechos
humanos de personas desplazadas, esta
colusión entre actores institucionales y
armados es reflejo de una tendencia de
paramilitarización ” o “privatización de la
violencia” en la que algunos grupos de
autodefensas son utilizados por el gobierno
para hacer “trabajo sucio” de control territorial
frente a ciertas facciones del crimen
organizado o expresiones territoriales que no se
apegan a los intereses de un grupo de poder
(Llamas, en Pérez Correa, 2018). Esta
privatización del trabajo sucio de “seguridad”
resulta también funcional al Estado para evadir
controles internacionales en materia de
derechos humanos. Sospechan las personas
desplazadas y queda reflejado en sus relatos y
en algunos reportes mediáticos, sirve también a
otro agente social, las empresas mineras, para
llevar a cabo una control y represión de las
resistencias territoriales a su actividad. Se
establece así una relación sinérgica predatoria
de la cual los grupos armados criminales
extraen ingresas y rentas que les permiten
comprar armamento y controlar territorios cada
vez más amplios.
4.4 Las mineras
Como consecuencia del alza de los precios
internacionales del oro, el desarrollo de
tecnologías productivas, la expansión de la
industria minera canadiense en los territorios
latinoamericanos y de una serie de
contrarreformas agrarias y energéticas en las
institucionalidad mexicana, muchas empresas
La Guardia Nacional se creó bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en febrero de
2019, unos meses después del evento de desplazamiento. Teniendo el presidente, al menos en un
inicio, una amplia legitimidad moral entre el pueblo de Guerrero, las comunidades dieron su voto de
confianza a este nuevo órgano militar, sin embargo, como ente militar que era, pronto su actuación
comenzó a ser similar a la de otros entes militares.
8
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ISSN 1988-7221 | Vol.14 | Nº 1 | 2021 | pp. 107-131
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transnacionales, como Goldcorp, Torex Gold,
Telson Resources, Alamos Gold, Guerrero
Ventures; Agnico Eagle / Yamana Gold o
Timmins Gold comenzaron a incursionar en el
llamado Cinturón de Oro del estado de
Guerrero y a realizar compraventas de acciones
y tenencias a gran velocidad. Esta actividad
derivada no tanto de intereses locales, sino de
una intensa actividad especulativa en Toronto y
Vancouver.
A partir del año 2007, en el Cinturón de
Oro, estas empresas mineras fueron
favorecidas por la formación de clústeres
mineros e hicieron una triple estrategia de
cooptación, división comunitaria y represión de
las resistencias locales, en colusión con los
aparatos institucionales del Estado en los
múltiples niveles de gobierno, municipal,
estatal y federal. Estos no solo desconocían la
evidencia científica sobre contaminación
hídrica y atmosférica de la minería, obviando
decretos y estudios, sino que también
participaban en la creciente vinculación
predatoria entre empresas mineras y actores
armados. Aun en los casos como Carrizalillo
del Oro, donde en los años 2007 y 2009, los
ejidatarios lograron, a través de plantones –
reprimidos por las fuerzas policiales del estado
– sentar al corporativo de la empresa – en
aquel momento Goldcorp – y obtener uno de
los acuerdos ventajosos en términos
monetarios que lograban los ejidatarios con
una empresa minera en América Latina, el
dinero acabaría siendo tierra estéril. De modo
que proliferaron las extorsiones del crimen
organizado, en un triple juego de colusiones
que, según testimonios locales y notas en
prensa, prevalecen: las organizaciones del
crimen organizado extorsionan a la empresa
minera cobrándole cuentas para que pueda
operar; extorsionan a los ejidatarios,
manteniendo un estado de terror en la
seguridad y trabajando a favor del más fuerte
(la empresa minera) y son subcontratados para
operar servicios logísticos de transporte de
material (Garibay, 2009; Espino, 2017; Cruz,
2018; Pardo y Castro, 2021).
En la minera Media Luna de la Torex
Gold en Cocula, el uso del crimen organizado
fue una pauta sistemática por parte de la
empresa para cimbrar las resistencias a la
actividad extractiva. A pesar de que las
muertes, extorsiones, tortura, amenazas,
secuestro y asesinato de líderes fueron
denunciados públicamente, no hubo medidas
de seguridad efectivas para detener la muerte.
Años después, el cobro de cuotas por parte del
crimen organizado a la empresa fue el precio
que ésta seguía pagando operar (Espino, 2017;
O y Castro, 2018). En el municipio Arcelia las
cosas no fueron mejores. Según una líder
comunitaria defensora de la tierra y el territorio
y que fue obligada a desplazarse:
Allí secuestraron a familiares de la
mayoría de los ejidatarios que habían
dicho que no querían la mina; a sus
hermanos, a sus hijos, los
extorsionaron… después la consigna de
las familias fue que hicieran lo que
quisieran y la minera empezó a
trabajar tan tranquilamente…Los
cerros mineros son los cerros donde
más se sembraba amapola. Cambiaron
un oro por otro oro (conversación
informal, abril 2020).
Estas colusiones a menudo salen a la luz
cuando los pactos de silencio de rompen y un
grupo armado denuncia a otro. Con la cautela
epistémica necesaria, las acusaciones entre
grupos permiten inferir cómo los acuerdos
minería-crimen organizado generan las
derramas necesarias para que los grupos
armados puedan seguir comprando armamento
y municiones (“parque”, en el habla local) y
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Revista de Paz y Conflictos ▸ ARTÍCULOS ORIGINALES
Giménez Delgado, I.M. ▸ Desplazamiento forzado como arma de guerra…
para mantener el estado de terror preciso en
donde las actividades extractivas pueden
desarrollarse, lo que las convierte en un agente
del conflicto armado y de la guerra, algo sobre
lo que están reflexionando crecientemente las
convenciones internacionales en materia de
empresas y derechos humanos (United Nations,
2020). La siguiente acusación publicada en un
diario local es un ejemplo de ello:
La Policía Comunitaria de Heliodoro
Castillo, liderada por Onésimo
Marquina Chapa, El Nencho…y su
vocero Salvador Alanís Trujillo…
rompió relaciones con el Frente al
decidir aliarse con Los Números, una
facción del grupo delictivo Guerreros
Unidos absorbida por los remanentes
de La Familia Michoacana asentados
en Nuevo Balsas, municipio de Cocula,
cuna de Uriel Vences Delgado y/o Uriel
Wences Delgado, La Burra o 50, líder
de La Familia Michoacana, cuyos
sobrinos dirigen la Policía Comunitaria
del Balsas, y que se encargan de
extorsionar a la minera Media Luna
(Sur de Acapulco, 2020).
En el año 2019, tres de estas empresas estaban
activas: la mina Campo Morado, en el
municipio de Arcelia; la minera Media Luna en
Cocula y Los Filos/Carrizalillo (Servicio
Geológico Mexicano, 2020). Aunque en el
municipio de donde eran originarias las
poblaciones desplazadas de Leonardo Bravo no
existía una abundancia de empresas mineras
concesionadas, el control de su territorio sí
parece clave para manejar las rentas y
exacciones que se derivan de la actividad, tanto
por rentas criminales que graban la actividad
extractiva como por rentas criminales que
graban los derechos de tránsito.
Según algunos testimonios periodísticos
y testigos locales, la disputa por el control de
Leonardo Bravo se insertó en este entramado
criminal minero, en la medida en que la ruta de
Xochipala era estratégica para conectar el Alto
Balsas y el Cinturón de Oro con Filo Mayor y
la Costa Grande, por un lado; y con
Chilpancingo, por el otro. Esta ruta también
resultaba clave para el tránsito de mercancías
lícitas e ilícitas, como la goma de opio
derivada de la amapola que se siembra en la
región, la madera preciosa de sus bosques, las
riquezas mineras del subsuelo y el acceso a
contratos irregulares de prestación de servicios
de seguridad y rentas criminales.
4.5 Los distintos órdenes del despojo
en los desplazamientos forzados
La violencia extrema del 11 de noviembre de
2018 fue un momento álgido y expresivo de un
terror cotidiano en el que vivían las
poblaciones desde, por lo menos, 2013. Varias
mujeres entrevistadas cuentan que durante
varios años solían prender la televisión para
que sus hijos se entretuvieran mientras duraban
las balaceras, y que la gente se había
enfermado de diabetes, hipertensión y muerto
por complicaciones relacionadas con el estrés
crónico. Aunque la violencia que detonó en el
desplazamiento forzado actuaba sobre un orden
social ya degradado, en este momento los
límites de la guerra se expandieron, así lo narra
una líder comunitaria entrevistada en
Chichihualco:
Empezaban a tirar de frente, sobre las
casas, y no nos preocupábamos de salir
porque nos decíanque la gente no se
aterre. Nosotros sabemos por quién
vamos, entonces uno decía pues yo no
debo nada ¿verdad? Yo por qué me voy
a salir, ustedes saben con quién vienen
http://dx.doi.org/10.30827/revpaz.v14i1.15646
ISSN 1988-7221 | Vol.14 | Nº 1 | 2021 | pp. 107-131
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a pelear… Pero hubo un día en que ya
no era así, tiraban de lejos. A la pila le
dieron un balazo y todas sus niñitas
detrás de la pila. Y a la pila le dieron
por la comisaria, le dieron a la Iglesia
y nosotros pensamos, ¿qué
esperamos…? (Testimonio, noviembre
2019).
¿Qué esperar si los grupos armados disparaban
contra el espacio sagrado de la Iglesia y contra
las pilas de agua, lugar que las niñas habían
escogido para esconderse? El miedo operaba
como agente que pone en acción un proceso de
“des-territorialización mental”, es decir, un
proceso que se da “como resultado de la
violencia, cuando ciertos lugares parecen
peligrosos y esta percepción (mental) resulta en
la evasión (práctica) de estos lugares y así en la
pérdida o una ruptura del control territorial…”
(Oslender, 2006: 4).
En Chilpancingo, ante la llegada del
grupo de desplazados, la población también
comenzó a diseminar rumores: el
desplazamiento forzado de grupos criminales
era una manera de “sembrar halcones” por el
territorio, dispersando e infiltrando a vigías de
los grupos armados en áreas “del enemigo” o
no controladas por ellos mismos. En los
escombros de la certidumbre, fue más fácil
instalar el miedo y el terror entre la población,
un terror que es fruto de “una violencia de
exterminio constante, masiva e indiscriminada,
visible pero negada” (Calveiro, 2019:38). Este
terror provocó una suspensión momentánea de
la razón y la violencia crónica y la violencia
indiscriminada contra la población civil del 11
de noviembre alteró la creencia comunitaria
según la cual “si tu no te metes en nada”, “si no
andas en la maña”, “si no estás involucrada” no
van a por ti.
Con el desplazamiento forzado de miles
de personas, tuvo lugar una forma cruda de
abandonar la tierra, la casa, el cultivo, los
animales, la familia… Estas pérdidas son
vividas por las personas desplazadas como
parte de un despojo material pero también
existencial. Arrancadas de su tierra por la
violencia, las personas salieron con la “pura
ropa”, “como ratones”, “como animales” por
los campos. Con el desplazamiento forzado se
trastocaron sus referencias y coordenadas
vitales y los lazos socio afectivos con la
comunidad se trastocan. La pérdida de estas
cosas, además de la usurpación de bienes
materiales, supone la destrucción de algunas
condiciones más profundas del ser: el arraigo,
la seguridad y sus relaciones con el tiempo, el
territorio y las relaciones sociales circundantes.
Todas las personas desplazadas con las
que hablé en Chichihualco refieren haber sido
despojadas de las casas que habían construido
con tanto esfuerzo y trabajo, mucho de este
fruto de la migración a Estados Unidos y de las
remesas enviadas, y otro fruto de la economía
irregular en torno a la amapola.
Es un dolor, una desesperación, estar
así, fuera de la casa. Feo no poder ir.
No sabemos cuándo, pero ir y hallar mi
casa vacía, más dolor me va a dar. Ese
dolor de las fotos que deje de mi niño
colgadas, de toda mi familia, de mis
hijos, no voy a encontrar nada
(Entrevista realizada en noviembre de
2019).
En el caso de las mujeres desplazadas de las
comunidades de Los Morros, Los Filos, Campo
de Aviación, etc. la constatación de que ha sido
saqueada, de que sus muebles han sido
vendidos en un tianguis, de que las fotografías
que colgaban de las paredes han sido
quemadas, también es fuente de dolor. Estas
casas eran también el espacio de trabajo. Su
evocación permite reconstruir las dimensiones
122 |
Revista de Paz y Conflictos ▸ ARTÍCULOS ORIGINALES
Giménez Delgado, I.M. ▸ Desplazamiento forzado como arma de guerra…
de lo perdido, que van mucho más allá de lo
material. Se trata de años de proyección que se
quiebran en unos días. La conciencia de la
usurpación quedaba clara en varios relatos
cuya máxima es: “se están haciendo dueños de
lo que no han trabajado”. Las nuevas casas en
la cabecera municipal, Chichihualco, rentadas
y temporales, están vacías; no tienen muebles,
ni vida. Y según narra una líder comunitaria
desplazada en Chichihualco, hasta los niños le
decían el día de muertos en su casa provisional:
“mamá, ¿y aquí vamos a poner el altar?”.
Los animales del patio, y también
aquellos bienes comunes como los bosques y el
agua a los que tenían acceso y que eran
percibidos como parte de la vida y de los
derechos adquiridos por vivir en el territorio
fueron también parte de lo perdido.
Allí había agua, mucha agua, [pero]
aquí sufres de agua y de muchas cosas.
Porque allá el agua es un agua limpia
pura del cerro y teníamos bastante
agua, pues, y el clima más bonito, ni
calor ni frío. Todo y eso es lo que se
siente pues (Entrevista realizada en
diciembre de 2019).
Las personas desplazadas de Filo de Caballos y
Campo de Aviación se refirieron a una zona
que se había convertido en reserva, donde
había “encino, pino, acahuites y cedros”, se
criaban venados y se repoblaban árboles. No
estaba permitido ir a cortar leña, ni tirar basura,
ni el pastoreo de animales. Esa zona, que se
llamaba Ocote seco, había sido “acorralada por
el Estado” como parte de un área natural
protegida. Ellos siguieron siendo ejidatarios
posesionarios de la tierra, y es probable
(aunque no está confirmado) que establecieran
alguna clase de acuerdo, a través de pago por
servicios ambientales. En el momento de
incursión del grupo armado, la gestión
comunitaria del espacio, dada por el Estado
seguramente como parte de un pago por
servicios ambientales, se quebró:
“Y qué pasa ahorita? – denuncian Ahora llega esa gente muriendo,
matando… y la están cortando. ¿Y qué
le hacemos? [por ser zona protegida]
yo al gobierno lo entiendo como
nosotros dueños del ejido, [pero] llega
otra gente, la cortan, y a ellos les vale;
no le dicen nada… (Entrevista realizada
en enero de 2020).
La pérdida de medios de subsistencia y de la
posibilidad de acceder a los terrenos comunes
forestales, de huerta y de pasto, no sólo tuvo
consecuencias en el orden alimenticio, sino en
muchas más dimensiones de la vida, como la
subsistencia o el cuidado emocional y la
vinculación con los muertos.
Pozole, musgo y marranitos, todo eso
son cosas que ahora hay que comprar,
cuando antes las podían sacar del
entorno”. El día de muertos teníamos
harta flor en nuestros ramos, ahora ya
no. Ellos se hicieron dueños de las
huertas, del aguacate, del durazno. Mi
hijo iba a sacar dos toneladas de
aguacate, también había venados. Los
viveros de marranos y las gallinas que
e l l o s s e a n d u v i e ro n c o m i e n d o
(Entrevista realizada en enero de 2020).
Una vez que las personas se desplazaron
sobrevino el caos y pérdida de los medios de
vida. De tener talleres, servicios de provisión
de alimentos, carros para realizar trabajos de
transporte o una tierra que cultivar, la gente
desplazada pasó a ofrecer su mano de obra sin
posibilidades de negociación y a un precio muy
devaluado: 80 pesos, 100 pesos ó 120 pesos el
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jornal diario para labrar una tierra ajena. El
despojo era doble, ya no sólo se trabajaba por
un jornal miserable, sino que se trabajaba para
otros, algo que remite directamente a esa idea
del despojo enunciada por Armando Bartra y
de la que hiciéramos referencia arriba (Bartra,
2016: 182-184).
Los que trataron de
emprender iniciativas de autoempleo lo
hicieron con altos costos y dificultades. Así lo
cuenta una de las lideresas desplazadas de los
Morros de su esposo:
No ningún ingreso, nada. Yo como le
digo trabajo en la mecánica y me he
salido a buscar trabajo, pero nada, la
gente de aquí… un poco amable pero
también no es que digan, va, te vamos a
dar trabajo. Ahora con la alimentación
y la renta [el gobierno] nos está
ayudando, pero no a buscar trabajo. El
trabajo es muy poco pagado: 120 pesos
al día, de las 7 de la mañana a las 7 de
la noche. (Entrevista realizada en
noviembre de 2019).
[Trabajaba] de taquero, vendía tacos,
pero como él es diabético las
desveladas le hacen mal. Rentábamos
el carrito, se pagaba pisaje, se pagaba
la renta del carrito… nos salía
carísimo, pero con eso ya él se va a
trabajar, y yo sigo vendiendo mis
cositas. Y así pues, así vamos
(Entrevista realizada en diciembre de
2019).
Muchas personas se vieron doble y triplemente
desplazadas hacia Chilpancingo, Ciudad de
México y, sobre todo, hacia el norte de México
y Estados Unidos, a donde migraron
clandestinamente. En estos flujos migratorios
el desplazamiento forzado derivado de
violencia se confunde con la migración
económica, creciendo cada vez más el número
de personas “desechables”, mano de obra
barata, sin derechos laborales, sindicales y de
ciudadanía, en un ambiente laboral ya
trastocado por otras dinámicas globales de
expulsión.
A pesar de que algunas contadas familias,
que lograron hacerse con remesas enviadas por
familiares en Estados Unidos, o que contaban
con redes sociales en otros estados, lograron
integrarse en los lugares de destino con ciertas
comodidades, estableciendo algún pequeño
negocio, la inmensa mayoría de las personas
desplazadas quedaría a expensas de poder ser
empleado por un bajo salario (110 pesos al día
por 12 horas de trabajo o más, algo que apenas
alcanza para mantenerse), o de poder tomar
prestado un terreno para sembrar. El salario
percibido en trabajos del mercado era
considerado por las personas desplazadas
entrevistadas como irrisorio. El tener que
comprar los alimentos básicos, cuando en las
poblaciones de origen, se disponía de siembra,
gallinas y otros animales, algo vejatorio y que
dificulta la vida.
En medio de estas dificultades, que
acarreaban no tener trabajo, tierra ni dinero,
con el desplazamiento forzado también vino la
pérdida de algunos documentos que permitían
el acceso a programas y subsidios estatales es
otro de los elementos de despojo. En un estado
híper-burocratizado, perder los documentos
que permitían el acceso a servicios sociales
significaba dejar de percibir prestaciones
sociales e incursionar en un laberinto kafkiano
para la gestión de nuevos certificados, títulos u
oficios, con los consiguientes gastos de dinero
en cada transporte. Prospera, Becas Benito
Juárez y Proyectos productivos fueron algunos
de los subsidios estatales que las personas
desplazadas perdieron. Algunas personas
incluso perdieron sus apoyos por dejar de
acudir con periodicidad a la oficina, como fue
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Revista de Paz y Conflictos ▸ ARTÍCULOS ORIGINALES
Giménez Delgado, I.M. ▸ Desplazamiento forzado como arma de guerra…
el caso, entre muchos otros, de una mujer de 87
años desplazada de manera forzada a la que los
servicios sociales dieron de baja por
considerarla ya fallecida, de modo que perdió
su servicio de pensión y su acceso a los
programas de adultos mayores:
Todos mis papeles… yo tenía papeles
de mis casas, de mis terrenos, gracias a
Dios pues tengo, tenía, tengo dos
terrenos yo ahí [voz quebrada] aparte
en Chilpancingo, todo eso se me perdió.
Todo, todo […] mis papeles de
oportunidades, lo que se dice pues, ni
credenciales, no nada nada nada
sacamos, ni ropa, no más con la pura
ropa pues conforme entraron al pueblo
llegaron a todos lados pues, tirando
balazos con todo... (Entrevista realizada
en diciembre de 2019).
Hasta el apoyo de tercera edad hemos
perdido. Cobraba allá, pero como no
puedo ir me dieron de baja en el
archivo de Sedesol, como si hubiera
muerto, y ahora me di de alta en el
censo de aquí (Entrevista realizada en
diciembre de 2019).
Por último, la ruptura con el lugar donde están
enterrados los familiares y antepasados es una
de las pérdidas más angustiosas que
experimentan las personas desplazadas:
dificulta el ejercicio de duelo y resulta
expresiva de un territorio desgarrado, donde la
vinculación ancestral con los muertos, a qué
muertos se llora y qué rituales se les rinden,
hila la memoria con el territorio, la comunidad
y los ancestros, permitiendo la pervivencia
cultural e identitaria. En las entrevistas
realizadas en Chichihualco, ante la pregunta,
“¿Y qué es lo que más extraña? Varias personas
me respondieron que la tranquilidad, pero otras
tantas me dijeron que el vínculo con sus
muertos, enterrados allá (allá “lejitos”, “allá
solos”) en el panteón. Determinadas fechas, en
particular el día de muertos o la navidad, son
peores para experimentar la pérdida de arraigo
y la ruptura de lazos familiares. El símbolo y la
costumbre siguen presentes pero su sentido se
ha desvanecido.
Ahora que pasó Todos Santos yo quería
ir a prender velas, a dejarle flores a mi
niño y a mi marido y … no pude. Y eso
es lo que me duele más, porque yo
siento que a mi niño lo dejé encerrado
en mi casa, está en el panteón, pero [en
mi cabeza] lo quiero ir a sacar, siento
que lo dejé en casa. Pero ahorita que
pasó todos santos para mi fueron unos
días muy difíciles, de no poder ir, yo
quería ir a dejar flores, todas sus fotos
todas me las rompieron me las
destruyeron, todo, todo… no pues, no
nos dejaron nada (Entrevista realizada
en noviembre de 2019).
Entre las personas desplazadas de
Leonardo Bravo también se dispararon las
enfermedades: las gripes, las depresiones y los
cuadros de diabetes. “La balacera le disparó el
azúcar”, “después de ese día se le subió el
azúcar”. Los lugares de procedencia de donde
habían sido desplazadas eran fríos y más
húmedos, y al llegar a Chichihualco se les hizo
difícil aclimatarse a nuevas condiciones de
calor. Familias enteras que quedaron postradas
por el cansancio y el pánico y cuando les
sobrevino el dengue o la gripe, ni siquiera se
levantaron para ir al médico. Los sobrecargos
de cuidados cayeron en las mujeres.
En la mayoría de los relatos, a pesar de
los despojos, el cuerpo y la voluntad de vivir es
lo que se ha salvado. A pesar de la desazón, de
encontrarse dentro de un cuerpo expuesto,
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heredero de condiciones de estrés crónico,
susceptible a enfermedades y vulnerable a
cualquier indicio de violencia, y es también un
cuerpo en el que es posible seguir viviendo.
Con él, y en medio de la adversidad queda la
palabra, la memoria, la posibilidad de
compartir y de retejer los tejidos sociales y
comunitarios, y la propia identidad, y sobre
estas necesidades, se forja la resistencia, la
exigencia de justicia y reconocimiento, de
apoyos económicos para sobrevivir y sobre
todo, de una tierra en la que poder continuar la
vida.
4.6 Interlocución con los medios, el
Estado y horizontes de futuro
Al poco de que ocurrieran los sucesos, el
Centro de Derechos Humanos José María
Morelos y Pavón canalizó con reporteros la
información sobre el caso, reunió asistencia
humanitaria y apoyó un plantón de familias
desplazadas por más de un mes enfrente de la
Secretaría de Gobernación de Ciudad de
México, tras lo que se logró que la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
gestionara subsidios para las personas
desplazadas.
En Chichihualco, la “firma del estado”
(Aparicio, 2015: 9) se materializó en informes,
estadísticas y burocracia, así como en la
construcción de un lenguaje de derechos que se
solapó con la presencia de otros órdenes de
estado y actores armados para-estatales
criminales, en donde el orden local mostró un
Estado dentro del Estado (Fazio, 2016). La
hiper-burocratización de la ayuda retrasó las
medidas de atención, pues a cada persona
desplazada debía entregar una serie de papeles
y requisitos que resultaba difícil cumplir: acta
de nacimiento, registro civil, documentos de
9
familia, documentos que probaran el contrato
de renta del nuevo lugar de habitación, etc.
Con la alternancia de gobierno de 2019, la
plataforma telemática en donde estaban
alojados estos documentos se cayó, y las
organizaciones que acompañaban el caso
tuvieron que volver a recabarlos y subirlos para
poder seguir recibiendo la ayuda que no
superaba los 4.000 pesos al mes por familia,
independientemente de si la familia tuviera tres
o doce hijos.
Estas ayudas fueron representativas del
modo en que el Estado administra el conflicto a
través de pequeñas dádivas, desatendiendo los
problemas de fondo, y con una violencia que
lleva a que el dinero recibido del Estado se
considere algo necesario pero humillante,
limosnas otorgadas por un poder clientelar en
vez de un derecho social. Esta violencia
clientelar se manifestó en anécdotas
etnográficas como una sucedida durante el
primer aniversario del desplazamiento forzado
interno, cuando las personas desplazadas
realizaron una manifestación, una misa, una
conferencia de prensa y una comida. A ella
llegaron los titulares del Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) a repartir cajas con alimentos,
jabón y otros insumos humanitarios y su
directora interpeló a unas mujeres desplazadas
que habían cocinado mixiotes9 y que, después
de repartirlos entre los asistentes, se habían
sentado a descansar y estaban comenzando a
comer. Cuando las urgió a tomarse una foto
con algunos de los funcionarios y trabajadores
de la institución que estaban repartiendo las
cajas, algunas mujeres se levantaron a tomarse
la foto, pero no todas. Después de la foto, la
directora se acercó a la mesa donde estaban las
señoras y les dijo, con esa mezcla de humor y
amenaza: “ustedes no se han levantado para la
Carne enchilada hervida al vapor y envuelta en una hoja penca de maguey.
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Revista de Paz y Conflictos ▸ ARTÍCULOS ORIGINALES
Giménez Delgado, I.M. ▸ Desplazamiento forzado como arma de guerra…
foto, la próxima vez si no se levantan se
quedan sin despensa, ¡eh!”.
Más allá de esa sobrevivencia precaria, la
gente desplazada buscaba interpelar al Estado
para lograr soluciones más estables, lo que en
la jerga internacional del desplazamiento se
llama “soluciones duraderas” (ACNUR, s.f.) y
cuyo lenguaje técnico fue paulatinamente
aprendido por parte de las personas
desplazadas.
Mientras que en noviembre de 2019 la
comunidad nahua de Zumpango había
aceptado la imposibilidad de regresar a su
comunidad y solicitaba al gobierno un plan de
reubicación; las personas de comunidades
campesinas exigían medidas militares y de
control territorial para poder regresar a sus
casas y recuperar sus tierras. Para sobrevivir,
muchas familias se plantearon que uno de sus
miembros se desplazara a Estados Unidos,
donde buscar asilo político. Ante la falta de
información oficial, cualquier dato al respecto
resultaba valioso para reducir la incertidumbre,
clarificar la información contradictoria que
llegaba del norte y trazar rutas de acción, por lo
que en las entrevistas que realicé me
preguntaron sobre los mecanismos para ello:
Si el asilo político es una salida,
debiera mirarse esto, pero apenas tuve
una conversación con una compañera
que es desplazada de nosotros, ella me
está comentando que ese asilo político
no sirve… Para que llegues allá [a
Estados Unidos] debes pagarte un
abogado, hacer trámites, papeles… y tú
todavía no puedes trabajar bien porque
no te dejan trabajar ¿Cuánto tiempo te
tardaste ahí en la frontera para pedir el
asilo político? ¿y si no tienes para
pagar el abogado? (Entrevista realizada
en noviembre de 2019)
Las dificultades de este proceso eran, de
nuevo, la híper-burocratización y la violencia
institucional. Según cuenta un defensor de
derechos humanos de la Asociación Mexicana
del Pueblo (AMAP), una vez que las personas
desplazadas en busca de asilo político llegaban
al norte, se inscribían en una lista para ser
llamadas a “una entrevista de miedo creíble”
(sic) en la que debían su historia, eran
evaluadas por un jurado que considera “los
fundamentos de su miedo” y recibían una
audiencia con un juez (Entrevista realizada en
marzo de 2020). Cuando sucedería esto,
ingresaban a un territorio de detención bajo
suelo estadounidenses eran forzadas a esperar
del lado de la frontera mexicana. Estos
procesos podían durar meses, y los dispositivos
de abuso, los engaños y el fraude en todo a esta
espera resultaban desalentadores, cumpliendo
precisamente su objetivo político: frenar la
diáspora y las solicitudes de asilo.
4. Conclusiones
En el presente artículo realizamos un estudio
etnográfico de varias comunidades campesinas
desplazadas del municipio de la Sierra de
Guerrero para preguntarnos cómo el
desplazamiento forzado volvió un arma de
guerra por parte de organizaciones del crimen
organizado que disputan el control de
territorios y nodos de tránsito. A través del
análisis de los testimonios y de la cobertura
mediática de este acontecimiento de
desplazamiento forzado, pudimos ver que el
incremento de la violencia, y en particular
acontecimientos de violencia extrema, impactó
de tal manera en familias y comunidades, que
éstas abandonaron todo para salvar la vida y
cómo en estos acontecimientos se mostraron
responsabilidades enmarañadas y límites poco
claros entre grupos armados estatales,
criminales, comunitarios y empresariales.
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Derivado de este análisis, sostenemos
que este desplazamiento forzado no es solo una
consecuencia de la guerra y la violencia, como
establecen los Principios Rectores sobre
Desplazamiento Forzado de 1998, sino también
un arma de guerra en sí misma, en un doble
sentido. Por un lado, el desplazamiento forzado
permitió al grupo armado que incursionó en el
territorio construir una nueva hegemonía social
sustentada en el silencio, el control y el miedo
con las personas que permanecieron en él y
pasar a considerar a las personas desplazadas
“enemigas”, prohibiendo su retorno o acceso a
las casas. Esto construyó una dinámica de
“amigo” – “enemigo” que es consustancial a
toda guerra. También permitió continuar con
una economía de guerra caracterizada por el
robo, los saqueos, el trabajo en condiciones de
esclavitud y la proliferación de economías
sumergidas. Por el otro lado, junto con las
poblaciones desplazadas viajaron las historias
de terror, el miedo y las amenazas, historias
que se encarnaron en ellos y que llegaron a las
poblaciones de tránsito y de destino, donde los
rumores y la sospecha sobre los desconocidos
amplificaron un sensorio de guerra.
En segundo lugar, nos preguntamos por
los impactos de esta guerra en la población y
sostuvimos la hipótesis de que este tipo de
guerra supone nuevas formas de desposesión y
despojo de poblaciones indígenas y campesinas
en el marco de una economía regional y global.
En este sentido, del análisis de los testimonios
se infiere que las personas desplazadas fueron
despojadas no solo de sus tierras, casas, bienes
comunes, animales y tranquilidad, sino
también del control de su tiempo, espacio,
relaciones sociales y afectivas, impulsando –
en la mayoría de los casos – su ingreso abrupto
como mano de obra barata en los circuitos de
trabajo local y global y una pérdida de
historicidad en la relación con su territorio. El
desplazamiento forzado no fue funcional a
economías productivas, pero sí parece resultar
parte y consecuencia de economías criminales
rentistas y extractivas. Más trabajo debe
realizarse para establecer las responsabilidades
que las empresas mineras puede tener en la
violencia criminal y el desplazamiento forzado,
algo sobre lo cual existen indicios, pero no
pruebas concluyentes.
En tercer lugar, nos preguntamos por las
estrategias desplegadas por las comunidades
desplazadas para sobrevivir, buscar justicia y
nuevos horizontes de futuro. Y vemos que,
entre estas estrategias, las poblaciones
desplazadas y organizaciones que las
acompañan interpelan al Estado de manera
estratégica, solicitando que cumpla con un
papel de provisión de seguridad y justicia. Este
Estado se muestra polimórfico y fragmentado.
Desde sus diferentes instituciones – armadas y
asistenciales – y desempeña un doble papel:
por un lado, se muestra involucrado con
organizaciones criminales y comunitarias que
despojan, mediante la omisión de la ayuda; por
el otro genera programas asistenciales de
remediación, pero mediadas por la híperburocratización, la administración de la espera
y un ejercicio clientelar de las ayudas. Ante
esta situación, las poblaciones desplazadas
buscan nuevos horizontes más allá de las
fronteras nacionales y a través de sus redes de
apoyo sociales y familiares. Sobre este punto,
las expresiones de solidaridad,
acompañamiento y apoyo que permiten a las
poblaciones desplazadas comenzar a retejer sus
medios de vida, relaciones afectivas y el
sentido de vida trastocado por la violencia,
independientemente de la mano del Estado y
del mercado, es necesario realizar mayor
trabajo de campo y análisis.
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Revista de Paz y Conflictos ▸ ARTÍCULOS ORIGINALES
Giménez Delgado, I.M. ▸ Desplazamiento forzado como arma de guerra…
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PROCESO EDITORIAL ▸ EDITORIAL PROCESS INFO
Recibido: 09/07/2020
Aceptado: 19/12/2021
CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO ▸ HOW TO CITE THIS PAPER
Giménez Delgado, Inés M. (2021) Desplazamiento forzado como arma de guerra y despojo en la Sierra de Guerrero,
México. Revista de Paz y Conflictos, Vol.14(1), 107-131.
SOBRE LOS AUTORES ▸ ABOUT THE AUTHORS
Inés Giménez Delgado es Doctora de Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, maestra
en Antropología, maestra en Periodismo y comunicación y licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza. Ha
trabajado como consultora y oficial de comunicación en múltiples organizaciones de derechos humanos en México,
Chile, Guatemala, Colombia, Costa Rica y Reino Unido, como el IDPC - Londres, Oxfam GB, OIT México, el
CDHM Tlachinollan o el Tribunal Latinoamericano del Agua. Publica como periodista freelance en medios como
Pikara, Vice, Contralinea, entre otros. Integrante del Colegio Internacional de Graduados “Temporalidades del
Futuro”. Tw - IG: @Inesikah